Y es que, tal y como denuncia, actualmente el personal docente e investigador (PDI) con discapacidad de las universidades de España cifra en un 0,6%, cuando, según la legislación actual recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público, al menos un 7% de las vacantes de estos puestos deben reservarse a personas con una discapacidad igual o superior al 33%.

 

Partiendo de esta base, y con el propósito de favorecer el acceso de personas con discapacidad como PDI, el CERMI, con el apoyo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), propone que a partir del 2018, el límite máximo de la tasa de reposición fijado para las Universidades, no se aplique a las plazas de PDI que integren el cupo de reserva para personas con discapacidad. Estas plazas, además, no computarán dentro del porcentaje en el que se ha establecido con carácter general la tasa de reposición para el ejercicio 2018.

 

De este modo, según el CERMI, cada universidad podrá extralimitar el porcentaje de la tasa de reposición cuando se trate de las plazas que conforman el cupo de reserva para personas con discapacidad previsto por el Estatuto Básico del Empleado Público.

 

Así, el CERMI pretende avanzar en la igualdad de oportunidades para la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito profesional de las universidades públicas españolas, ya que su actual ratio (0,6%), inferior incluso al que ofrecen las Universidades privadas (0,9%), exige la adopción de medidas adicionales como la actual.

 

Según la CRUE, además, “la incorporación de personas con discapacidad se ha visto especialmente limitada en el ámbito profesional del PDI por condicionantes de tipo normativo, a consecuencia de los cuales, se han impuesto severas restricciones a la posibilidad de las universidades de desarrollar una política de plantilla adecuada a su disponibilidad presupuestaria y a sus necesidades”.

 

“Estas restricciones han tenido como efecto una drástica reducción de la creación de plazas de nuevo acceso o de promoción de personal, al tiempo que han generado un progresivo incremento del número de acreditados para acceder a las distintas categorías de plazas de personal docente e investigador, tanto funcionario como laboral”, añade.

 

En consecuencia, la CRUE recomienda que las universidades públicas recuperen su autonomía en la elaboración de sus políticas de plantilla, con supresión de la tasa de reposición y sin otras limitaciones que las derivadas de la fijación de un techo de gasto, favoreciendo así el objetivo de conseguir la plena integración de las personas con discapacidad en el ámbito del PDI.